El Salvador atraviesa una crisis institucional desde que el presidente Mauricio Funes apoyó una ley que limita el poder a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Desde 2009 esa sala, que está compuesta por cuatro jueces ajenos al mundo político y uno vinculado a la derecha, ganó la admiración de unos y el rechazo de otros por emitir fallos que no estuvieron motivados por presiones políticas.
Funes firmó un decreto que le exige a la Sala Constitucional emitir resoluciones unánimes.
En los últimos meses, los fallos de los constitucionalistas incidieron en el sistema político salvadoreño luego que aprobaron temas como las candidaturas independientes, la ejecución de un sistema de listas abiertas que reemplaza las banderas partidistas en las papeletas, la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y la limitación al presidente del país del uso discrecional de fondos públicos.
Así que cuando eliminaron a dos partidos tradicionales, que violaron la ley electoral, y estaban a punto de estudiar el sistema de elección política de cocientes y residuos, los cuatro partidos de derecha aprobaron un decreto transitorio que exige a la Sala Constitucional emitir resoluciones unánimes en lugar de por mayoría.
Sanción presidencial
El decreto fue enviado al Ejecutivo y el presidente Funes sancionó la ley inmediatamente, pese a que la norma le concede 18 días para estudiarlo.
"En ningún momento le estamos impidiendo que la Sala resuelva"
Mauricio Funes, presidente de El Salvador
La prensa local reveló que el mandatario reservó ese mismo día un espacio en el Diario Oficial para garantizar que la publicación se convirtiera en ley sin demoras.
"En ningún momento estamos impidiendo que la Sala resuelva", defendió el gobernante, luego que organizaciones ciudadanas lo señalaran porque no vetó el decreto.
Inmediatamente, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que reúne a las empresas más influyentes del país, advirtió que "el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, ha sido anulado".
El rechazo al 743
Ante la nueva ley, los constitucionalistas manifestaron que el decreto era "inaplicable" y adelantaron que seguirán votando por mayoría simple como lo hacen desde que presiden la Corte.
Manifestantes del “Movimiento por la dignidad” marcharon hacia la sede del Congreso .
Entonces aumentó la crisis política porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de anulación de los partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuya existencia fue declarada inconstitucional por los magistrados.
Luego, el ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) reveló que promovió el candado legal porque "recibió información" que aseguraba que los magistrados abolirían la Ley de Amnistía, que favorece a los militares y jefes guerrilleros que violaron los derechos humanos durante la guerra civil en los años ’80.
E.Lemus/BBCMUNDO
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